En octubre de 2025, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de la futura "Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú" (CPAP) promovida por los partidos Alianza para el Progeso - APP y Perú Libre - PL. El texto sustitutorio promete ordenar el ejercicio de la profesión artística, defender al colegiado frente al Estado, ofrecer asesoría jurídica, capacitación continua y un código de ética. La exposición de motivos lo presenta como un "acto de justicia profesional" y como la "consolidación de un país que respeta, protege y promueve la dignidad de sus creadores y su patrimonio cultural".

La pregunta incómoda que el dictamen no responde es: ¿de qué creadores estamos hablando?

 

Un antecedente que conviene recordar
En mayo de 2009, un grupo amplio de historiadores firmó un pronunciamiento público contra el Proyecto de Ley 904/2006-CR, que pretendía crear el Colegio Profesional de Historiadores del Perú. Los argumentos de aquel manifiesto,  son extraordinariamente vigentes hoy:
"El trabajo del historiador es completamente distinto al de los médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, contadores, entre otros, cuyo ejercicio profesional sí genera un impacto inmediato en la sociedad y sí requiere de filtros que regulen su ejercicio. El trabajo histórico es en esencia humanista y liberal, y debe renovarse constantemente. Su regulación, validación o evaluación ética se produce en instancias distintas de las de un colegio profesional".
Cambien "historiador" por "artista" y el diagnóstico se sostiene casi sin fisuras. La práctica artística no es una profesión que pueda regularse desde la matrícula, el carnet y la cuota anual. No funciona así porque no se aprende así, no se ejerce así y, sobre todo, no se valida así.

¿A quiénes excluye el proyecto?
El artículo 3 del texto sustitutorio establece como requisito indispensable para colegiarse la presentación de "el título profesional o título de licenciado en arte o educación artística, emitido por escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades". 
Veamos qué significa esto en términos numéricos. Hasta agosto de 2024, el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA), creado por Decreto Supremo 008-2021-MC, había inscrito a más de 30 mil trabajadores y organizaciones culturales del país. La distribución por sector, al cierre de junio de 2023, mostraba que el 90% de los inscritos correspondía exactamente a las disciplinas que el CPAP busca representar: música (7,656 inscritos, 39% del total), artes visuales (7,571, 38%) y artes escénicas (2,570, 13%).

El propio estudio "El arte y la cultura en el Perú: Caracterización de las condiciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores culturales y de las artes", elaborado en 2024 por el Ministerio de Cultura con asistencia técnica de la UNESCO, documenta lo que cualquiera que haya transitado el campo cultural peruano sabe: las tasas de formación universitaria entre los trabajadores del arte registrados son bajas. El estudio reconoce explícitamente la "desconexión entre los mecanismos de aprendizaje de los trabajadores culturales y el sistema de certificación, formación y educación formal". Y añade un dato político relevante: el 93.58% de los registrados no forma parte de ningún gremio o sindicato.

A estas cifras hay que sumarles tres universos enteros que el RENTOCA no captura porque su inscripción es voluntaria: los artesanos y maestros del patrimonio cultural inmaterial, los músicos y bailarines tradicionales que se transmiten saberes por vía familiar y comunitaria, y los miles de artistas autodidactas urbanos que sostienen la escena cultural peruana sin haber pisado nunca una facultad o a los muchos que lo hicieron y tuvieron que desertar porque no pudieron pagar los estudios o por un sincero rechazo a la academia. El cálculo conservador apunta a que, de todo el universo del trabajo artístico en el Perú, una mayoría amplia —probablemente entre dos tercios y tres cuartas partes— quedaría fuera del CPAP por una sola razón: no tener título.
Sara Flores, maestra del kené shipibo-conibo, expone hoy en galerías y museos del mundo y nos representará en la 61 Edición de la Bienal de Venecia a inaugurarase este mes. Su saber no proviene de una escuela superior de formación artística: proviene de su madre, su abuela y la tradición artística y cosmovisión de su pueblo. No tiene grado de bachiller. Bajo la lógica del CPAP, no es artista.

Joaquín López Antay, retablista ayacuchano, ganó en 1975 el Premio Nacional de Cultura tras un debate público que confrontó al Perú con su propio prejuicio académico. Si López Antay viviera hoy, el CPAP lo dejaría afuera.

A estos nombres se suman los miles de bailarines que sostienen la marinera norteña, el huayno, el festejo, la diablada, la danza de las tijeras, todas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, todas aprendidas fuera del aula. Se suman los músicos populares de las orquestas amazónicas y andinas, los artistas plásticos urbanos, los actores formados en grupos teatrales independientes, los compositores autodidactas. Se suman los maestros artesanos y artesanas que conservan técnicas centenarias y que el Ministerio de Cultura consagra como Personalidades Meritorias o como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Estado peruano, por una mano, declara patrimonio nacional el saber-hacer de quienes carecen de credencial académica. Por la otra, propone crearles un Colegio Profesional al que no pueden ingresar e irónicamente exigen a sus colegiados “Denunciar actos que atenten contra el Patrimonio Cultural de la Nación y contra expresiones artísticas representativas de la sociedad”. Que sea esta la primera denuncia que reciben. 

El argumento de fondo
Quienes defienden el dictamen sostienen que el CPAP responde a una "necesidad histórica de reconocimiento formal del arte como profesión, igual en dignidad y complejidad a otras disciplinas que ya cuentan con sus respectivos colegios profesionales (abogados, ingenieros, médicos, etc.)". La analogía es exactamente el problema. La práctica del arte no se parece a la del médico ni a la del ingeniero. El arte se valida en el campo: en la exhibición, la crítica, el intercambio entre pares, la circulación pública, el archivo, la institución cultural. No excentas de argollas que también se reproducen en los colegios. Y en los oficios populares y tradicionales se valida, además, en el reconocimiento comunitario, en la transmisión generacional, en la fidelidad al saber heredado.
Ese mismo argumento que en 2009 frente al proyectado Colegio de Historiadores. La comunidad académica entendió entonces que un colegio profesional, lejos de defender al historiador, lo encerraría en la jaula del credencialismo y se quiere imponer nuevamente. 

Ojos que no ven
El propio Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (Informe 000276-2023-DGIA/MC), advirtió que "es muy difícil contar con elementos representativos de los distintos sectores que conformarán el Colegio Profesional de Artistas, por agrupar profesionales del arte, nacionales o extranjeros, en todas sus expresiones y/o modalidades". La Comisión desestimó la observación con un argumento débil: que la diversidad "no constituye óbice". En la práctica, sí lo es. Un Consejo Directivo Nacional con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, dos vocales y los delegados regionales, deberá representar simultáneamente los intereses de un grabador limeño, una bailarina contemporánea de teatro físico, un compositor de música académica y un actor escénico independiente. La probabilidad de captura sectorial es alta y la de exclusión, todavía mayor.

El proyecto, además, no se articula con ninguna de las herramientas que el Ministerio de Cultura ha venido construyendo en los últimos años: ni con la Ley 28131 (Ley del Artista Intérprete y Ejecutante), ni con el RENTOCA, ni con la propuesta de "Hacia una nueva Ley del Artista" de 2021, ni con el Plan de Recuperación de las Industrias Culturales al 2030. Crear un colegio sin antes resolver cómo dialoga con todo lo que ya existe es construir el techo antes de la pared.

Lo que sí necesitan los artistas peruanos
La precariedad laboral de los artistas en el Perú es real, está documentada y exige una respuesta del Estado. Lo que el dictamen propone, sin embargo, no la atiende. Los artistas peruanos no necesitan un colegio profesional. Necesitan:

 

• Un sistema robusto de certificación de competencias adquiridas por aprendizaje no formal, un fortalecimiento del RENTOCA como herramienta de política pública, con respaldo legal y recursos para su sostenimiento, no su sustitución por un esquema corporativo restringido.

• Mayor inversión en Estímulos Económicos para Cultura y un observatorio que evalúe anualmente la aplicación y el impacto según objetivos.

• Una Ley del Artista del siglo XXI que reconozca la diversidad de regímenes laborales del trabajo artístico (autónomo, por proyecto, intermitente, comunitario), con seguridad social adecuada, derechos contractuales claros y mecanismos de mecenazgo. 

• Mesas de diálogo permanentes entre el Ministerio de Cultura, los gremios artísticos existentes,  las asociaciones de artesanos, la asociación de museos, los colectivos independientes y las academias, sin la jerarquía implícita que una colegiación obligatoria establecería entre el "profesional titulado" y todos los demás.

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A trabajar sin exclusión

Cuando un proyecto de ley deja afuera a la mayoría del sector que dice representar, conviene preguntar a quién sí beneficia. El CPAP beneficia, en lo concreto, a un universo bastante específico: a los licenciados de las universidades de arte (UNABAP, PUCP, UPC, UNMSM, Altiplano, entre otras) y de las Escuelas Superiores de Formación Artística incorporadas a la Ley Universitaria. Es decir, a un sector minoritario y mayoritariamente urbano del campo artístico peruano. Para ellos, una credencial gremial puede tener sentido. Pero llamarlo "Colegio Profesional de Artistas del Perú" —con la pretensión de hablar en nombre de todo el campo— es una operación de captura simbólica, no una política pública.

El Pleno del Congreso debería leer el dictamen con la misma desconfianza con la que la comunidad de historiadores leyó el proyecto análogo en 2009. Y, sobre todo, debería escuchar a quienes el dictamen, por construcción, no consultó: los artistas que aprenden y trabajan fuera del aula, que son la mayoría. Y no imponer un Colegio Profesional de Artistas del Perú como han impuesto un Colegio Profesional de Historiadores establecido en 2022.

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La norma está, en este momento, en manos del Poder Ejecutivo tras haber sido aprobada por el pleno. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación con 83 votos favor, 3 en contra y 12 abstenciones. El Presidente de la República tiene la facultad constitucional de observarla y devolverla al Congreso.

 

Claire Jaureguy
Curadora e historiadora
Fundadora y directora de clara___ESPACIO